TRAICIÓN A LA PATRIA

Jorge Garcés B.

La unidad investigativa de Noticias Caracol dejó en evidencia que el Estado fue cooptado hace más de un año por las disidencias de alias Calarcá. El brigadier general del Ejército, Juan Miguel Huertas Herrera; el señor Wílmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y representante del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia; y el coronel (r) Juan Carlos Mazo, director del Instituto Nacional de Industria Militar (INDUMIL) están siendo investigados por sus presuntos nexos con las FARC.

Por otra parte, a la fiscal Luz Adriana Camargo también se le denunció ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por no haber investigado hace más de un año una infiltración de tan alto nivel. De tal suerte que el presidente Gustavo Petro le debe una explicación al país, porque el jefe de Estado tiene una responsabilidad política al haber reintegrado en el 2025 al brigadier general Huertas y por haber designado al señor Mejía en el DNI y como su representante en la Universidad de Antioquia. Para colmo de males, el gobernador Andrés Julián Rendón, acusó al señor Mejía de estar detrás de las milicias urbanas en el alma mater.

El hecho es que el general Huertas supuestamente iba a montar un departamento de seguridad para que las disidencias de alias Calarcá anduvieran como Pedro por su casa, portando armas largas y hasta con 20 hombres por las carreteras de Colombia. Por lo tanto, la Procuraduría General hizo bien suspendiendo por tres meses prorrogables al general Huertas y al señor Mejía para que no puedan torpedear las investigaciones en curso.

Entre otras cosas, porque el fortalecimiento de los grupos armados en los últimos 10 años no hubiera sido posible sin la complicidad de los organismos de seguridad del Estado. Me refiero al rearme y a la cantidad de hombres, armas y de dinero circulando en la ilegalidad, porque al DNI le está pasando lo mismo que al DAS.

La expansión de las disidencias de alias Calarcá ha aumentado en un 16 % en los últimos siete meses y le está ganando la disputa territorial y por las rentas ilegales del Guaviare a alias Iván Mordisco. Entre tanto, nadie entiende porqué la mesa de negociación con esta disidencia de las FARC continúa ni porqué el señor Mordisco no presenta las pruebas que dice tener y que demostrarían sus aportes a la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022.

Lo cierto es que las Fuerzas Armadas y la inteligencia civil del Estado se ideologizaron. Con Gustavo Petro la figura de la discrecionalidad para llamar a calificar servicios a un miembro del servicio activo o para reintegrar generales nunca ha sido discrecional sino por motivaciones políticas. Por si fuera poco, la contrainteligencia del Estado continúa tácitamente a cargo de los medios de comunicación e inexplicablemente el presidente Petro reintegró en el 2025 al brigadier general Huertas, a pesar de estar siendo investigado en la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) por presuntamente haber participado en ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 y 2003.

Menciono lo anterior, porque la paz no puede seguir utilizándose para conspirar desde la legalidad y fortalecer a los grupos armados en la ilegalidad. En consecuencia, estamos ante una posible ruptura institucional y una amenaza para la Seguridad Nacional del país, porque todos los caminos conducen a que Gustavo Petro y Francia Márquez le vendieron el alma al diablo en la campaña presidencial del 2022.

Además, se prostituyó la figura del gestor de paz y ha quedado en evidencia que la Paz Total ha sido una vagabundería de principio a fin. Diez y seis excomandantes paramilitares suspendieron su participación como gestores de paz en junio del presente año, argumentando falta de voluntad política por parte del Comisionado de Paz, el señor Otty Patiño. Por eso, reitero que este país no aguanta un gestor de paz más. Sin embargo, tengo información de que alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) fue nombrado gestor de paz y que a su organización delincuencial se le otorgó el status político o de beligerancia por parte del Gobierno Nacional.  

Mientras tanto, en la Casa de Nariño, el DNI y la Fiscalía creen que los colombianos somos bobos. Según la fiscal Camargo, un gestor de paz tiene licencia para delinquir siempre y cuando no sea detenido en flagrancia y cometiendo un delito de lesa humanidad. Esta es la razón de porqué alias Calarcá no fue capturado en el retén militar de julio de 2024 en Anorí, Antioquia y a pesar de llevar en la caravana a un menor de edad reclutado por él; un delito tipificado en el Estatuto de Roma como crimen de guerra, pero no como un crimen de lesa humanidad.

Por consiguiente, es indudable que hubo la intensión de engavetar unos elementos probatorios sumamente graves y sensibles para la Seguridad Nacional del país. Me refiero a una información que debió conocerse en julio de 2024 y no en noviembre de 2025, gracias a la unidad investigativa de Noticias Caracol. Pero el verdadero contrasentido está en que el Gobierno Nacional siga sentado en una mesa con alias Calarcá, sabiendo que el gestor de paz alias Samir, un sociópata perteneciente al frente 36 de estas mismas disidencias de las FARC, haya sido el directo responsable del asesinato de 13 policías en un helicóptero norteamericano el pasado 22 de agosto en Amalfi, Antioquia.

Por lo tanto, no hay que ser un genio para darse cuenta de que en la Paz Total están pasando cosas muy raras y que los colombianos ya no sabemos con certeza de qué lado está el presidente o cuál es la postura institucional del país. No obstante, lo más grave es que en estos momentos el Ejército y la Policía de Colombia no están trabajando en llave. No hay confianza de ninguna índole para el intercambio de información o para hacer operaciones conjuntas.

Afortunadamente, los dispositivos electrónicos de alias Calarcá y sus secuaces fueron legalmente obtenidos y la Fiscalía no podrá repetir la historia y hacer lo que hizo la Corte Suprema de Justicia con los computadores de Raúl Reyes en el 2008; dictaminando que esa información no podía ser utilizada como evidencia legal para destapar la FARC-política, porque su obtención había sido supuestamente ilegal al no contar con el gobierno ecuatoriano, a pesar de los acuerdos binacionales entre los dos países.

Por último, hay que investigar a los fiscales delegados, a la fiscal especializada de Medellín y a la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) por haber omitido unos hechos tan graves. Aun así, todo este desastre es el resultado de tener como presidente a un hombre que no gobierna con el criterio de un estadista sino con el sesgo de un insurgente que nunca dejó de serlo. Gustavo Petro está cometiendo el presunto delito de traición a la patria, porque pareciera estar actuando con extrema deslealtad, confabulándose con todo tipo de enemigos internos, menoscabando la integridad territorial del país y poniendo en riesgo la seguridad del Estado y la vida de todos los colombianos.