Jorge Garcés B.
La aparente refundación del Frente 53 de la Segunda Marquetalia en el Sumapaz, es tan sólo un ejemplo de lo que viene pasando en más de doscientos municipios del país. El deterioro de la seguridad es tan evidente que, no sólo hemos retrocedido 30 años en esta materia, sino que, de seguir así, el próximo presidente será nuevamente el que mejor interprete esta problemática.
Ahora bien, Petro pensó que en tres meses arreglaba el paseo con el ELN y en el ministerio de Defensa tardaron ocho meses en diseñar una estrategia de seguridad; quedando claro que el primer mandatario no es un buen jugador de póker (porque destapó todas sus cartas desde un comienzo) y el ministro Velásquez es un gran jurista, pero no tiene la menor idea de Seguridad y Defensa.
No obstante, cualquier estrategia de seguridad debe devolverle la iniciativa, las capacidades operativas a la fuerza pública y centrarse en tres pilares: recuperar el control del territorio (un Estado que no controla su territorio es un Estado fallido), recuperar la seguridad en las ciudades y tener una política exterior que represente los intereses nacionales de la patria para combatir el crimen transnacional, aunque reformular la política antidrogas no dependa exclusivamente de nosotros y desmontar el paradigma punitivo sea una utopía.
Lamentablemente, el problema de la seguridad no sólo es un problema de concepciones, sino también de prioridades económicas; y si bien es cierto que, la seguridad es un concepto integral, también es un asunto básico. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en las grandes urbes es inaceptable. El hurto y los homicidios están desbordados y aparentemente no hay recursos ni para aumentar el pie de fuerza de la Policía. En Cali, por ejemplo, hay un déficit de cinco mil policías y la mitad de las cámaras de seguridad no están operando.
También se volvió costumbre que todo aquel que tiene una inconformidad, sale y bloquea una vía. Entonces, ante tal desgobierno, pues gobierna la anarquía y los delincuentes. Sin olvidar el exterminio, casi a diario que estamos presenciando en contra de líderes sociales y excombatientes de las FARC, muy parecido a lo ocurrido en su momento con la Unión Patriótica, pero a nadie parece importarle.
Por si fuera poco, según la consultora Edelman, Colombia es el segundo país del mundo más polarizado, sólo superado por Argentina y también es el segundo país del mundo con mayor número de organizaciones criminales, según The Global Initiative against Transnational Organized Crime (Gitoc), detrás de la República Democrática del Congo.
Lo cierto es que la guerrilla volvió a patrullar por los pueblos de Colombia como Pedro por su casa. Volvimos a ver por televisión a grandes concentraciones de guerrilleros en los Llanos del Yarí como en la época del Caguán, mientras sus cabecillas desfilan con sus sofisticadas armas largas en camionetas robadas y de alta gama, protegidos por la Guardia Campesina. La misma Guardia Campesina que hace unas semanas secuestró y humilló a 78 policías en el Caquetá.
De cualquier manera, Colombia debe negociar la paz con el ELN para superar la violencia política y dejar abierta una Ley de sometimiento con penas alternativas para los demás grupos criminales. Se calcula que hoy existen más de noventa organizaciones criminales delinquiendo en Colombia, esto incluye al Estado Mayor Central y a la Segunda Marquetalia, que de ideología poco o nada les queda.
Por otra parte, el laboratorio de paz instalado en Buenaventura para terminar la disputa territorial (en realidad es la disputa por un corredor estratégico) entre los Shottas y Espartanos fracasó. Las economías ilegales de hoy son tan poderosas (narcotráfico, corrupción, minería ilegal, entre otras) que, todo aquel que se deja tentar por ellas, termina queriendo refundar la patria.
Sin embargo, debo resaltar que la distancia histórica entre la academia, los empresarios y la realidad política del país se está acortando. Hoy, estos dos importantes sectores de la sociedad civil (academia y empresarios) están jugando un rol más protagónico y necesario para superar la violencia política, proteger la democracia y solventar las contradicciones sociales.
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