ESTO SE ARREGLA HABLANDO

Jorge Garcés B.

Dicen que después de la guerra todos somos generales. Sin embargo, creo que es importante tratar de hacer el ejercicio de por qué nos fue tan mal en el fallo de la Corte Internacional de Justicia del año 2012, donde perdimos 75 mil kilómetros cuadrados. Es decir, el 40 % del mar Caribe con Nicaragua y por qué nos fue tan bien en el reciente fallo del 2023, donde Nicaragua ya no puede extender más su plataforma continental y la Corte le puso fin al litigio jurídico entre los dos países.

Es importante empezar diciendo que Nicaragua venía pretendiendo quedarse con todo el mar Caribe occidental de Colombia. Es decir, con el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina desde 1969. Por su parte, Colombia llevaba once gobiernos consecutivos defendiendo más, la soberanía de un territorio marítimo, que la Seguridad Alimentaria y la cultura del pueblo raizal.

En otras palabras, fue determinante la asesoría de los raizales en el equipo jurídico de Colombia, a partir del revés sufrido en el año 2012 y el argumento de que San Andrés, Providencia y Santa Catalina eran más que un simple balneario donde iban a broncearse los bogotanos. Muy parecido a lo ocurrido en la “Operación Milagro”, donde comandos de las Fuerzas Especiales e indígenas, permitieron la complementariedad de sus saberes y destrezas para rescatar a unos niños perdidos en la selva del Guaviare.

En estos dos hechos puntuales pareciera que Colombia está cambiando o que por lo menos está comenzando a mirarse así misma, a reconocerse y a entender que, además de mirar al norte, también debe mirar al Caribe y al sur. Dicho de otro modo, somos un país andino, pero también caribeño.

De tal manera que, así como los raizales deberían estar al frente de las embajadas y los consulados de los países con quienes el archipiélago comparte múltiples fronteras marítimas en el Caribe, los raizales también deberían ser protagonistas en cualquier futura negociación entre los presidentes Petro y Ortega.

Porque hay que redefinir los límites entre Nicaragua y Colombia, pensando en lo que más le convenga a la comunidad raizal y su derecho a pescar artesanal y tranquilamente. No obstante, será difícil que Ortega acepte cualquier cosa que sea diferente al fallo del 2012 o que Colombia desista de sostener que se aplica el fallo del 2023, pero no el del 2012.

De cualquier manera, deben abrirse las compuertas del diálogo, a pesar del costo político que esto conlleve para el presidente Petro. Por ejemplo, es urgente proteger a la Reserva de Biosfera Seaflower de la pesca industrial nicaragüense y su interés por explotar en ese lugar hidrocarburos. ¡O qué tal la fantasía de construir un canal más grande que el de Panamá con la ayuda de los chinos! De cualquier manera, esto se arregla hablando, no con más fragatas y submarinos. Lo que no sé es si tendremos que esperar a una Nicaragua democrática o a una Colombia madura.