COCAÍNA

Jorge Garcés B.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en la lista Clinton al presidente Gustavo Petro, a su esposa, a su hijo, Nicolás y al ministro Benedetti. Esta sanción financiera significa que no podrán tener una cuenta bancaria, una actividad económica formal ni solicitar visas o créditos durante un proceso complejo que puede tomar años, bloquear activos, embargar cuentas y multar a todo aquel que realice transacciones comerciales con ellos.

Algunas razones son las siguientes: “la política de la Paz Total ha beneficiado y contribuido a la proliferación del narcotráfico. Los cultivos de hoja de coca aumentaron significativamente. El actual gobierno de Colombia está incumpliendo con su deber de controlar el flagelo de las drogas y el presidente Petro es un aliado de la narcodictadura de Venezuela”.

Afortunadamente y por ahora, la diplomacia paralela ha evitado que Estados Unidos (EE.UU.) le imponga nuevos aranceles a las exportaciones colombianas. De tal manera, que Gustavo Petro ha quedado en el mismo nivel que Nicolás Maduro, como un mandatario incapaz, “líder del narcotráfico” y que se opone a la generación de riqueza o de valor. Lo único positivo de todo esto es que el ELN fue catalogado como el nuevo Al Qaeda del hemisferio sur.

Ahora bien, la suspensión de la ayuda militar que EE.UU., le presta a Colombia representa una suma aproximada de 700 millones de dólares al año y en buena medida el país la puede subsanar, aunque evidentemente afectará la lucha contra el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Lo cierto es que el problema del narcotráfico en América Latina es sumamente complejo. Por un lado, existe un problema social y por el otro lado, una crisis de valores, porque en los países productores el sistema político y económico está roto y, porque en Europa, África y en las capitales del Cono Sur está aumentando el consumo.

En consecuencia, por la costa Pacífica entre Ecuador, Colombia y Panamá se estima que está saliendo el 87 por ciento de la cocaína que se produce en el mundo. Entre otras cosas, porque una dictadura criminal como la de Maduro tiene mil maneras de enriquecerse sin necesariamente tener que narcotraficar, aunque también lo hacen, pero en menor medida que los grupos narcoterroristas colombianos. Además, las embarcaciones que salen cargadas de cocaína por el Caribe, algunas vienen de Venezuela, pero otras zarpan desde el Golfo de Urabá.

En todo caso, la nueva ruta para narcotraficar es la siguiente: de la costa Pacífica ecuatoriana se baja al río Putumayo para luego atravesar el Amazonas y desembocar en el océano Atlántico. Esta nueva ruta no tiene como destino a EE.UU., sino al Viejo Continente.

Por consiguiente, la cocaína que se cultiva y produce en Norte de Santander es la que actualmente se encuentra más represada, aunque sigue saliendo por la Guajira. Aun así, es mucho menor el porcentaje si se le compara con la que sale por la costa Pacífica hacia México o la que zarpa desde el Amazonas hacia Marruecos y Cádiz, España. No obstante, la inmensa mayoría de la cocaína sigue saliendo en contenedores por los principales puertos del país y por el aeropuerto El Dorado. Entre tanto, la guerra contra el narcotráfico sólo ha conducido al aumento de los precios de la cocaína y a un incremento en los índices de violencia, disparando las tasas de homicidio en los países productores.

Dicho esto, el presidente Petro llevaba desde enero del presente año buscándole camorra al presidente Trump y lo consiguió. Sin embargo, cayó en un error de cálculo, porque la orden de la Casa Blanca es la de fabricar un caso y judicializar al mandatario colombiano. Mientras tanto, la pelea entre el mayor productor de cocaína y el mayor consumidor del mundo debe tener feliz a los narcotraficantes, porque se afecta la cooperación militar y de inteligencia entre las agencias de los dos países.

De hecho, los insultos entre Trump y Petro no tienen precedentes, pero son un campanazo de alerta para que Colombia comience a trabajar en una mayor autonomía en seguridad y defensa, aunque esto no se logre de la noche a la mañana. Al mismo tiempo, el gobierno del presidente Petro debería seguir la línea de la administración Santos e insistir en la necesidad de un cambio de paradigma que enfrente el problema de las drogas ilícitas como un asunto de salud pública.

El problema es que el presidente Trump considera que la Seguridad Nacional de su país se encuentra amenazada por los carteles de la droga y el presidente Petro está basando toda su defensa en un derecho internacional que no aplica para EE.UU., en una soberanía en declive y en una supuesta autodeterminación de los pueblos que tiene más de marxismo que de pueblo; desconociendo la actual debilidad e inoperancia del orden multilateral en el mundo entero.

Además, Gustavo Petro parece no estar pensando en los intereses de los colombianos al pelear como un kamikaze con nuestro primer socio comercial y desaprovechando la oportunidad de construir una agenda común o de trazar una política exterior verdaderamente inteligente y sensata. Es decir, estamos ante una crisis buscada y el Gobierno Nacional sigue sin desligarse de la dictadura de Venezuela. Por si fuera poco, Trump desconoce de manera injusta el histórico sacrificio de Colombia en la guerra contra las drogas y Petro parece necesitar una dosis de realidad, porque sigue sin medir las consecuencias de lo que dice como jefe de Estado.

Entre otras cosas, Petro puede disentir con Trump todo lo que quiera, pero con respeto. Los presidentes Lula, Boric y Sheinbaum lo están haciendo sin tener que acudir a la trasnochada narrativa de la izquierda latinoamericana contra el “imperialismo yanqui”. Simultáneamente, Trump piensa que para “Make America Great Again” (MAGA) hay que retomar la política exterior de 1960, pero sin la Alianza para el Progreso. Es decir, recuperar a la brava el sur del Caribe, pero sin ayudar económica o socialmente a los países de la región.

La verdad es que ambos jefes de Estado están respondiendo a una lógica electoral. Trump con el nacionalismo, Petro con el sectarismo y los dos se la pasan calumniándose. Lo ideal hubiera sido aprovechar esta oportunidad para reestructurar las relaciones de los dos países, pero la canciller de Colombia es abiertamente afín a Nicolás Maduro, no tiene experiencia en estas lides, renunció a la visa norteamericana y no sabe una gota de inglés. Por el otro lado, Trump retiró al embajador Palmieri hace diez meses y desde entonces sólo hay un Encargado de Negocios.

Sin embargo, no es fácil que Colombia pueda ser algún día una nación completamente soberana e independiente sin que esto moleste o afecte las relaciones con el imperio norteamericano. No olvidemos que Trump está amenazando económica y militarmente a todos los países del mundo que no se comporten como esclavos. Igualmente, ya van alrededor de 43 muertos y 10 embarcaciones hundidas desde que EE.UU., comenzó a bombardear lanchas cargadas de cocaína en el sur del Caribe y en la costa suroccidental del Pacífico; porque para Trump los países de América Latina son “shitholes” y EE.UU., está marcando territorio para espantar las inversiones chinas y la influencia rusa de su patio trasero.  

Pero para Human Rights Watch este tipo de ataques en realidad son ejecuciones extrajudiciales, porque el Congreso de EE.UU., no ha declarado que está en guerra ni a autorizado el uso de la fuerza letal para estos casos, aunque los pescadores del sur no tengan semisumergibles ni embarcaciones de fibra de vidrio con dos y hasta seis motores fuera de borda. De suerte que, EE.UU., no está exenta del derecho internacional, pero desafía el orden multilateral, porque tiene la fuerza para hacerlo. Y Trump se está preparando para intervenir militarmente en Venezuela, mientras le siguen construyendo un caso para judicializar a Gustavo Petro en EE.UU.