SIN SALIDA

Jorge Garcés B.

Hace rato me pregunto si estamos ante el comienzo de una nueva época de la violencia en Colombia. Lo cierto es que nadie quiere bajarle el tono a la controversia y la clase política sigue sin entender la importancia de darle altura al debate. Así que preparémonos, porque en el mejor de los casos Gustavo Petro será como expresidente el jefe natural de la izquierda durante los próximos veinte años.

Luego, el problema de Colombia no es la Carta Magna ni las instituciones, sino la manera como se está ejerciendo el liderazgo político. Unos creen que hemos retrocedido a 1949 y otros consideran que la situación del país se asemeja más a la de 1989. Ciertamente, por un lado tenemos un clima político completamente exacerbado y por el otro lado se ha fortalecido el crimen organizado transnacional. Como bien lo dijo el constitucionalista Mauricio Gaona, Colombia sigue enfrascada en discusiones del siglo XX, a pesar de estar en el siglo XXI.

Alguien lo señalaba el otro día, capitalismo no es igual a democracia, pero la estatización de un país tampoco construye justicia social per se. Menciono lo anterior, porque Colombia ha llegado a un punto de su historia, donde los ciudadanos debemos escoger entre una democracia imperfecta o una tiranía perfecta. Las democracias se pueden mejorar y se deben mejorar todos los días, las tiranías sólo empeoran el estado de cosas, porque las dictaduras constitucionales siempre terminan siendo pan para hoy y hambre para mañana.

El problema es que la alternancia política dejó de ser suficiente para compartir el poder en las democracias contemporáneas. Por eso, las democracias se están quedando sin adeptos para organizar a las sociedades modernas, porque siguen sin entender que la libertad democrática también debe significar libertad económica. Es decir, que los ciudadanos puedan satisfacer la mayor cantidad de necesidades con la menor cantidad de recursos. De lo contrario, los ciudadanos están cada vez más dispuestos a sacrificar las libertades con tal de resolver los problemas económicos.

Por otra parte, los homicidios desde el año 2016 han aumentado en un 20 por ciento, el secuestro en un 34 por ciento, el desplazamiento forzado se ha cuadruplicado y los confinamientos se han multiplicado por diez (cifras de Human Rights Watch). Es evidente que la “Paz Total” ha desprotegido territorios, comunidades y ha deteriorado la seguridad en toda la geografía nacional. Por si fuera poco, hoy tenemos a un presidente que constantemente está atacando al Estado Social de Derecho, como un cáncer por dentro.

Gustavo Petro se ha convertido en un lamentable desafío para las instituciones y la democracia en Colombia y debería tener encendidas todas las alarmas de las cortes encargadas del control de constitucionalidad. Me refiero a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado, porque este gobierno encarna un proyecto político que quiere cambiar el sistema a la brava, a punta de agitadores sociales y utilizando una violencia verbal permanente para dividir a Colombia.

Ante este ambiente, peligrosamente enrarecido, todos los ojos deberían estar puestos en la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, porque al ser presidida por el ministro del Interior, es decir, por Armando Benedetti, esta comisión no le brinda garantías a nadie. Además, van 57 eventos de violencia política electoral entre marzo y junio del presente año, según la Misión de Observación Electoral (MOE).

Cabe agregar, que la Fundación Paz y Reconciliación considera que todo grupo armado, tarde que temprano, necesita de un político para aumentar o consolidar su control sobre las rentas legales e ilegales, territorios y comunidades donde opera. Y que la violencia política de hoy no se parece a la de 1949, ni a la de 1989, sino a la de los años 2000. De hecho, las cifras de violencia política electoral de hoy son las más altas de los últimos diez años.

Ahora bien, según la Cruz Roja, Colombia tiene actualmente ocho conflictos armados no internacionales y de las once mesas de negociación sobreviven cuatro en estado crítico. Las mesas que sobreviven son con la guerrilla del ELN, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y las disidencias de alias Calarcá.

Para colmo de males, en Arauca, Guaviare, Guainía, Putumayo, Caquetá, Córdoba, Montes de María, Catatumbo, Cauca y algunos municipios de Nariño y Valle del Cauca, como en Jamundí, por ejemplo, los grupos armados ilegales tienen a las personas censadas hasta con fotografía. De tal manera, que nadie entiende cómo se van a llevar a cabo las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año con esta situación de orden público tan grave.

Y las principales ciudades no se quedan atrás, porque hace tiempo dejaron de narrar la violencia para vivirla y padecerla en carne propia. Cali acaba de sufrir una oleada terrorista. En Medellín, por ejemplo, hay 400 combos y 20 organizaciones criminales moviendo los hilos de la ciudad. Y todo lo anterior, porque el 67 por ciento de los cultivos de hoja de coca del mundo están en Colombia, dejando anualmente recursos aproximados a tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Esto quiere decir que la fumigación con glifosato no funcionó y que la política de sustitución de cultivos tampoco. Entonces, tener 253 mil hectáreas sembradas de hoja de coca es una maldición por la violencia que genera y, porque con Trump el paradigma prohibicionista no va a cambiar un ápice, a pesar de que existan 300 millones de consumidores de droga en el mundo. Así que no me cabe la menor duda de que en septiembre Estados Unidos va a desertificar a Colombia. La pregunta es si será con una reducción de recursos en materia de cooperación o con aranceles.

En conclusión, Colombia es un Estado débil con unas instituciones fuertes. ¡Vaya paradoja! Para la regulación de las drogas todavía faltan por lo menos diez o veinte años. Doscientas mil familias colombianas viven de los cultivos de hoja de coca. La pugnacidad política en una etapa prelectoral es una mala señal para el país. Y si a todo esto le sumamos el ecocidio que está generando la minería ilegal y la expansión de la frontera agrícola para la ganadería extensiva en el Amazonas, es muy posible que estemos ante el comienzo de una nueva época de la violencia en Colombia.

LANZA LLAMAS:

No me extraña que Álvaro Leyva quiera tumbar al presidente Petro, pero que la vicepresidenta Francia Márquez haga parte del complot me tiene sorprendido.

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