Jorge Garcés B.
Las Fuerzas Armadas necesitan urgentemente una inyección de por lo menos dos billones de pesos para dejar de respirar por un pitillo. La Policía Nacional es la institución más debilitada y todavía le falta sufrir las consecuencias presupuestales de la desertificación; y por los lados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea los recortes del gobierno de Gustavo Petro suman alrededor de 800 mil millones de pesos.
Por ejemplo, de los 282 helicópteros que tienen las Fuerzas Armadas 75 están fuera de servicio desde junio de 2024 y de los 100 helicópteros UH-60 Black Hawk 17 están en tierra. Además, de los obsoletos 19 aviones Kfir sólo funcionan 10 para no hablar de la reducción en las horas de vuelo. Por si fuera poco, en los últimos diez años el Ejército Nacional ha sufrido el retiro de más de 100 mil efectivos. Sólo entre los años 2022 y 2023 más de 20 mil hombres solicitaron la baja y más de 600 oficiales de todas las fuerzas han salido, llevándose su valiosa experiencia en el terreno.
La situación es sumamente grave, porque no podemos pedirle ayuda a los Estados Unidos de Donald Trump, con Israel rompimos las relaciones diplomáticas y Europa tiene suficientes problemas con Putin. Además, tampoco hay la más mínima voluntad política por parte del presidente Petro de pedirle ayuda o cooperación militar a nadie.
Lo cierto es que la naturaleza del conflicto cambió. Se balcanizaron las cosas, porque a los grupos armados de hoy, y eso incluye al ELN, ya no les interesa la toma del poder político en Bogotá, sino la toma de las rentas ilegales del negocio de la coca y el oro en los territorios. No obstante, en Norte de Santander y en el Catatumbo el problema es mayor, porque se volvió un asunto de soberanía.
Por un lado, está el ELN operando como una fuerza paramilitar del régimen de Maduro en Venezuela y por el lado colombiano se presenta de la noche a la mañana como una poderosa guerrilla binacional, acusando al gobierno del presidente Petro de supuestamente aliarse con las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá en esa región del país.
Recordemos que los hombres de alias Calarcá son una disidencia de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. El punto es que alrededor de 100 hombres del ELN se movilizaron por los estados de Táchira y Zulia para pasar de Arauca a Norte de Santander sin ser vistos por las autoridades colombianas y con la complicidad del régimen de Maduro; con el objetivo de reforzar los combates contra las Farc en el Catatumbo, desatando una guerra fratricida que hasta hoy deja más de 50 mil desplazados.
De otra parte, más allá de si la designación del nuevo ministro de Defensa, el señor Pedro Sánchez representa el fin de una tradición civilista o si significa un retroceso democrático para la nación, quiero creer que la manera como condujo el rescate de los niños perdidos en el Amazonas le podría devolver algo de mística a las Fuerzas Armadas. Claro está, siempre y cuando no se derrumbe la cúpula militar o el presidente Petro tenga que cambiarla. Menciono lo anterior, porque al parecer hay un malestar enorme en los altos mandos.
En todo caso, el ministro designado no será un general activo, aunque el alma de un militar nunca deja de serlo. Sin embargo, también tendrá a cargo a la Policía Nacional que es una institución completamente distinta. Amanecerá y veremos si la evolución conceptual de seguridad y defensa nacional quedan colgando de un hilo o si estamos ante un eventual riesgo de volver a militarizar el concepto de seguridad en el país.
Por otro lado, el exministro Iván Velásquez tuvo como principal tarea poner coto a la corrupción en las Fuerzas Armadas y cuidar al presidente Petro para que no lo tumbaran, pero “la paz total” fracasó y Colombia necesita una nueva política de seguridad para no seguir perdiendo el control de más territorios y recuperar la iniciativa en el campo de batalla. Cada territorio necesita una estrategia militar diferente. No es lo mismo el Plateado, el Catatumbo o el Chocó, pero todos los territorios en disputa están necesitando la presencia integral de las instituciones del Estado. De lo contrario, estamos ad-portas de volver a sufrir derrotas militares puntuales como en la década de los noventa.
Lo cierto es que después de 2016 Colombia necesitaba continuar fortaleciendo a las Fuerzas Armadas para llenar el vacío que dejaron las Farc, pero se hizo todo lo contrario. En eso pecaron el presidente Santos en sus últimos dos años de gobierno, el presidente Duque haciéndose el loco con el acuerdo de paz y el presidente Petro que desmanteló la inteligencia del Estado.
El problema es todavía más grave, porque no veo al primer mandatario con la voluntad política de enfrentar este desafío de manera contundente. Este es un gobierno que por depurar a las Fuerzas Armadas está perdiendo la guerra. El ELN lleva 12 paros armados durante el gobierno del presidente Petro y cada paro lo utilizan para censar y carnetizar a la población impunemente. Mientras escribo estas líneas el ELN acaba de levantar el paro armado en el Chocó, un paro que mantuvo durante 72 horas al 90 por ciento de un departamento confinado. Mientras tanto, cada tres días se comete una masacre en Colombia y el gobierno no atiende las alertas tempranas.
Lamento tener que decir que la situación tiende a agravarse, porque el primer mandatario no cree en el uso legítimo de la fuerza del Estado y las Fuerzas Armadas no sienten ninguna seguridad jurídica con el actual gobierno. Ojalá sea cierto que la seguridad esté dejando de ser vista como una ideología y que por fin se entienda que la seguridad es un principio básico de toda sociedad para que los ciudadanos puedan vivir sin temor a preocuparse.
LANZA LLAMAS:
El presidente Petro sigue sin entender que el comercio con Estados Unidos no es una cuestión de empresarios ricos. De los 3.200 exportadores alrededor de tres mil son microempresarios. Cabe agregar que 650 empresas norteamericanas invierten todos los días en Colombia y una pelea con Trump encarecería, por ejemplo, los huevos, la carne, los medicamentos y las nuevas tecnologías. Es más, alrededor de tres millones de campesinos perderían inmediatamente su trabajo y la economía del país no resistiría ni seis meses este escenario.
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