RESENTIMIENTO CULTURAL

Jorge Garcés B.

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos (EE.UU.) se convirtieron en un triángulo, porque hoy debemos incluir obligatoriamente a Venezuela en la ecuación. Mientras tanto, América Latina viene convirtiéndose en una nueva prioridad para EE.UU., y el secretario de Estado, Marco Rubio, lleva en ocho meses cuatro viajes a América Latina.

Ahora bien, es a partir del tercer año de la presidencia de Gustavo Petro que comenzaron los problemas con EE.UU. Lo cierto es que Colombia lleva cuatro cancilleres en 36 meses y ninguno tuvo o tiene un canal de interlocución con las altas esferas de Washington. Este desencuentro ha obligado a que el expresidente Uribe, congresistas, alcaldes de las principales ciudades del país y el embajador Daniel García-Peña tengan que estar permanentemente apagando incendios.

Simultáneamente, las relaciones con Estados Unidos se convirtieron en una disputa doméstica y no hay un mínimo consenso entre nosotros sobre la manera en la que debemos enfrentar el problema de las drogas de ahora en adelante. Cabe anotar, que el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que no habrá más erradicación forzada de cultivos ilícitos. Así que será cuestión de horas para que conozcamos la respuesta de Washington. Por otro lado, Estados Unidos está buscando un cambio de régimen en Venezuela y para colmo de males el presidente Petro está cada vez más cerca de Nicolás Maduro y cada vez más crítico de la política exterior norteamericana.  

La cercanía entre Petro y Maduro no corresponde a la de dos amigos sino a la relación de dos Estados que comparten 2.219 kilómetros de frontera. Sin embargo, la sospechosa cercanía ideológica entre los dos mandatarios tiene muy preocupado a Washington y seguramente tendrá un costo para Colombia. Lo cierto es que Gustavo Petro carece de liderazgo y de capacidad de convocatoria en la región para mediar entre Estados Unidos y el Cartel de los Soles. Prueba de ello fue que no logró un consenso o un respaldo unánime en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sobre la fuerza militar de EE.UU., desplegada en el Caribe.

En cualquier caso, no creo que EE.UU., vaya a invadir a Venezuela. El presidente Trump definitivamente quiere un cambio de régimen, pero no va a arriesgar la vida de sus hombres en Caracas. De tal manera, que una eventual intervención militar debería tener en cuenta la operación Lanza de Neptuno (helicoportada), que acabó con la vida de Osama bin Laden en Pakistán; y la operación Martillo de Medianoche, que destruyó las instalaciones nucleares de Irán de manera sorpresiva hace menos de tres meses. Es decir, que la intervención debe ser quirúrgica, preferiblemente con drones y en síntesis una operación de “entrada y salida”.

Pero si Trump no hace nada y no llega a haber un cambio de régimen en Venezuela, la dictadura se atornillaría con mayor crueldad en el poder y sería muy costoso políticamente para él en la Florida. El punto es que el magnate republicano no está interesado en crear otro Vietnam en América Latina, no le importa el futuro de Colombia o Venezuela y a los norteamericanos tampoco les importa lo que pase o deje de pasar en el sur del Caribe. Sin embargo, es evidente que al secretario de Estado, Marco Rubio, sí le importan sus raíces latinas y por eso la Casa Blanca le está dando todo el apoyo necesario junto al Pentágono para que dé la pelea en el “bajo vientre” de los Estados Unidos.

Pero a decir verdad, Colombia no pudo desnarcotizar las relaciones con el imperio. El Plan Colombia cambió la correlación de fuerzas con las FARC, pero el narcotráfico está más fuerte que nunca. El Cauca vive una guerra sin tregua. La frontera con Venezuela se está convirtiendo en una amenaza para la soberanía del país y 790 municipios de los 1.123 que hay en Colombia están en disputa por los grupos armados. Por eso, necesitamos urgentemente un plan o nacionalizar el Plan Colombia, porque mientras Estados Unidos esté bajo la batuta de Donald Trump no nos darán más recursos. Mejor dicho, las épocas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se acabaron.

Y Europa tampoco nos puede ayudar como algunos quisieran, porque se está preparando para una eventual guerra con Rusia el próximo año. Además, acaba de invertir 800 mil millones de euros para su aparato militar, porque saben que ya no cuentan con Estados Unidos como su principal aliado. Por eso, el mundo en general está tan desconcertado con EE.UU., y especialmente Occidente.   

En consecuencia, la guerra contra las drogas ya no respeta el derecho internacional ni la soberanía de los países. Es más, prácticamente todas las alianzas y organismos multilaterales creados después de la Segunda Guerra Mundial están rehaciéndose. El orden internacional está reorganizándose y reformándose, porque el compromiso que tenía Estados Unidos con sus aliados ya no es el mismo.

El mundo de hoy se divide entre demócratas y autócratas, pero especialmente entre quienes se beneficiaron y perjudicaron con la globalización. Por consiguiente, estamos viviendo las consecuencias del “resentimiento cultural” que produjo la globalización. Esta es la nueva coyuntura que vive el mundo y está poniendo a prueba la fuerza de Occidente y la resistencia de países como Colombia, que todavía no son completamente occidentales.  

Menciono lo anterior, porque Estados Unidos descertificó a Colombia por segunda vez desde 1997, pero sin sancionarnos económicamente. Esto significa que mantendrá la cooperación militar durante los próximos diez meses y que responsabiliza exclusivamente al presidente Petro del aumento en los cultivos de hoja de coca; del aumento en la producción de cocaína; del aumento en el tráfico de drogas y de su incapacidad política para cumplir con sus propias metas de erradicación y sustitución de cultivos.

La meta de este año era erradicar 30 mil hectáreas de hoja de coca y se estima que el Gobierno Nacional lleva menos de 6 mil, pero el presidente Petro dijo en su más reciente alocución presidencial, que lleva alrededor de 25 mil hectáreas erradicadas voluntariamente en el 2025. Vaya uno a saber, porque las cifras pueden con todo. El hecho es que Estados Unidos descertificó simbólicamente a Gustavo Petro junto a países parias como Venezuela, Bolivia, Afganistán y Birmania o Myanmar. Entre otras cosas, la administración de Donald Trump tiene toda la razón al expresar que la Paz Total fortaleció a los grupos armados y que una paz que nadie ve y nadie siente no puede servir de excusa para incumplir el tratado de extradición.

Por lo tanto, el próximo gobierno de Colombia tendrá que revisar todo lo relacionado con el tema de narcóticos, porque Indumil no tiene la capacidad de reemplazar la cooperación militar de Estados Unidos e Israel. El 60 por ciento de los recursos que invierte el ministerio de Defensa para la guerra contra las drogas provienen de EE.UU., y negarse a recibirlos con semejante hueco fiscal tan agudo sería como pegarse un tiro en el pie.

En todo caso, la tensión entre Petro y Trump ya no tiene vuelta de hoja y el próximo gobierno de Colombia tendrá el reto de rehacer y rediseñar las relaciones con el imperio, porque para el magnate republicano, Gustavo Petro es un simple exguerrillero de izquierda y “Bogotá es una ciudad fea”. Por cierto, la descertificación es una herramienta política y Gustavo Petro se está aprovechando de la antipatía de esta política imperial para hacer politiquería por televisión.

Por lo tanto, el próximo gobierno también tendrá que revisar la política exterior del país. Pero no podemos dejar que el giro que está dando la región hacia la derecha nos nuble la razón, porque en “la epistemología del sur” (Boaventura de Sousa Santos), que no es lo mismo a la lucha popular está la transformación social que Colombia necesita. En palabras de Boaventura de Sousa, necesitamos “descolonizar el saber” y “reinventar el poder” para ampliar el conocimiento del mundo.

LANZA LLAMAS:

El senador Humberto de la Calle explica que, “la justicia transicional es un equilibrio entre paz y justicia”, donde la verdad es uno de los pilares fundamentales para reparar a las víctimas del conflicto. La primera sentencia de la Justicia Especial para la Paz (JEP) condenó a siete exjefes del secretariado de las FARC a ocho años de justicia restaurativa por hallarlos responsables de 21 mil secuestros, siete crímenes de guerra, cinco crímenes de lesa humanidad, entre otros crímenes asociados.

No obstante, hay víctimas de las FARC que se encuentran comprensiblemente indignadas, pero la Corte Penal Internacional (CPI) sólo podría intervenir en Colombia si la JEP no estuviera actuando. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viene trabajando en llave con la JEP. Por otro lado, hay una entendible preocupación desde Human Rights Watch por el componente retributivo de la condena. Es decir, por la restricción efectiva de la libertad. Lo cierto es que nunca habrá suficiente reparación, justicia o verdad, porque la justicia transicional no lo juzga todo. Sólo juzga macrocasos y fenómenos criminales graves y masivos después de un conflicto a gran escala y, aunque paradójicamente el conflicto continúe.

En todo caso, los expertos coinciden en que se trata de una sentencia histórica y que era la máxima sanción posible, porque eso fue lo acordado con las FARC y refrendado por Naciones Unidas. Algunos dicen que representa la reafirmación del Estado Social de Derecho. Otros aseveran que demuestra que la JEP está operando, tardíamente, pero que está operando y ciertamente la sentencia simboliza un avance significativo hacia una cultura de paz en los territorios.

Entiendo que falta ultimar detalles sobre el monitoreo y la delimitación territorial del espacio geográfico para la restricción efectiva de la libertad. Y por obvias razones los siete condenados tendrán que vivir cerca de donde deberán reparar a las víctimas. Por lo tanto, su participación en la política electoral durante los próximos ocho años no podría llevarse a cabo.

Por último, la JEP también impuso otra sentencia contra 12 integrantes de la fuerza pública por los delitos de asesinato y desaparición forzada, crímenes ilegítimamente presentados como bajas en combate por parte de agentes del Estado. Estas ejecuciones extrajudiciales dejaron 135 víctimas y los exintegrantes del Batallón La Popa deberán cumplir la sanción máxima de ocho años en Valledupar. Los 12 sancionados deberán trabajar en seis proyectos restaurativos que fueron construidos con la participación de las víctimas.

SEMANARIO LA LLAVE:

https://youtu.be/LdeqNup0nmU