ARTILUGIOS Y DEMAGOGIA
- Jorge B
- 14 jun
- 2 Min. de lectura
Jorge Garcés B.
A mi leal saber y entender, pretender sacar una consulta popular por decreto es abiertamente inconstitucional y el presidente Gustavo Petro junto a sus ministros prevaricaron con dolo e incurrieron en abuso de función pública o abuso de poder. El primer mandatario y sus ministros deben saber que ningún acto en el Congreso de la República puede ser interpretado arbitrariamente como inexistente sin previa nulidad del mismo por parte de la Corte Constitucional.
Por lo tanto, este desconocimiento unilateral del Gobierno Nacional está usurpando poderes constitucionales que no son de su competencia, porque una consulta popular por decreto no puede reemplazar las funciones del Congreso, de las Altas Cortes, servir de atajo para desviar el cauce natural de la reforma laboral o chantajear a los senadores. De tal manera, que estamos ante un quiebre definitivo de la democracia en Colombia y ante una flagrante violación del Artículo 50 de la Ley 134 de 1994.
La confrontación política o el bloqueo institucional no pueden socavar la separación de poderes, instrumentalizar a la justicia o deslegitimar a las ramas del poder público. Por eso, existen unas ´formas´, unos conductos regulares, unos mecanismos o reglas de procedimiento civil para llevar a cabo reformas sociales sin atentar contra el Estado Social de Derecho.
El problema es que Gustavo Petro no sabe y no le interesa gobernar. Su único propósito es el de asegurarse de que su plataforma política continúe en el 2026, haciendo especial énfasis en un Marco Fiscal de mediano plazo que amarre las finanzas públicas del país, que busque recursos en una nueva reforma tributaria y en la suspensión de la regla fiscal hasta el 2027 para dejar sin frenos el gasto público durante lo que resta de su mandato.
Al mismo tiempo, Gustavo Petro confunde la dialéctica de Hegel con la lenta erosión malintencionada de las instituciones. Mientras tanto, el primer mandatario continúa radicalizando a unas bases que no entienden la importancia del orden constitucional para el sano devenir político de una nación democrática y para evitar el regreso de la violencia política, aunque esta nunca haya desaparecido por completo.
El atentado sicarial que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es consecuencia de la polarización política de los últimos tres años y el “decretazo” no es precisamente la mejor manera de bajarle el tono a la campaña presidencial que recién empieza. Es tan grave la pugnacidad política que estamos viviendo que nueve partidos políticos expresaron que desconocen la imparcialidad del presidente Gustavo Petro en el proceso electoral y le solicitaron a la Procuraduría General de la Nación asumir las funciones de garante en los próximos comicios.
En todo caso, es muy grave que el primer mandatario no pueda dejar de reproducir la violencia política en el lenguaje y que no sepa comportarse como un jefe de Estado en plena etapa preelectoral. Colombia necesita reformas sociales, pero concertadas para superar el bloqueo institucional dentro del marco de la ley y sin confundir al pueblo con artilugios jurídicos y demagogia.
LANZA LLAMAS:
Estuve ausente la semana pasada, porque anduve con dolor de oído. Ya estoy devuelta, pero con un profundo dolor de patria.
ENLACE PARA VER EL SEMANARIO:
Comments