PUNTO DE QUIEBRE

Jorge Garcés B.

Para entender a Colombia hay que entender a sus élites por fuera de la lucha de clases y de la solidaridad de clase también. Es decir, que hay que entender a quienes dominan las relaciones sociales, los medios de producción y que se disputan el control o la explotación de los territorios del país con otros actores. Ahora bien, existen unas élites económicas, gremiales, políticas, entre otras y unos poderes de facto como lo son los grupos armados ilegales que tienen unas visiones de país completamente disímiles o que no tienen ninguna visión de país. Lo cierto es que, históricamente, Colombia sólo ha podido avanzar en su desarrollo y modernización cuando sus élites han establecido acuerdos parciales y temporales entre ellas.

Por lo tanto, Colombia no ha podido desarrollar un proyecto incluyente y perdurable en el tiempo como nación, porque desde el siglo XIX las élites se andan matando por lo que dice un papel. Según el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, ese “fetichismo constitucional” ha sido la constante de nuestra violencia política y de todas nuestras guerras civiles. Entonces, la violencia es una disfuncionalidad del sistema político, pero también ha sido una estrategia de las élites, que ha impedido cualquier relación constructiva entre el Estado y los ciudadanos, que ha convertido a las negociaciones políticas en una transacción clientelar y al Estado en una oportunidad de negocio.

Así que las constituciones o constituyentes por sí solas no construyen Estados, economías productivas o equidad social y en vez de reducir los índices de violencia, a veces los aumentan. Entre otras cosas, porque en Colombia la economía es la que impacta a la política y no al revés. Afortunadamente, durante el siglo XX y hasta el 2022, una élite tecnocrática formada en Estados Unidos estuvo a cargo de la economía del país.

A ellos le debemos nuestra estabilidad macroeconómica, porque en la mayoría de los países de la región hubo volatilidad, hiperinflación e imprudencia fiscal y monetaria. Es más, Colombia fue la tercera economía de Latinoamérica con mayor crecimiento en su producto interno bruto (PIB) per cápita durante el siglo XX, únicamente superada por Venezuela y Brasil.

Al mismo tiempo, la “doctrina Lleras” estableció un acuerdo tácito entre las élites y los oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas para que la estructura piramidal del ejército y la policía fuera el reflejo de la sociedad colombiana. Es decir, que fuera el reflejo de una sociedad con jerarquías sociales, raciales y económicas. En otras palabras, nuestra élite tecnocrática y la “doctrina Lleras” impidieron que el Estado colombiano implosionara en el siglo XX.

Sin embargo, Colombia está viviendo una peligrosa etapa de transición o punto de quiebre. El gobierno de Gustavo Petro está planteando la necesidad de una constituyente, ignorando el riesgo que corre el país de entrar en un espiral de violencia sin precedentes o en la dinámica de una guerra civil.

Además, es a todas luces inexplicable, porque en la Constitución de 1991 los derechos no solamente están protegidos sino que tienen garantías en los mecanismos de participación directa y las reformas de cualquier gobierno democrático sólo deben surtir los trámites de ley. De tal manera, que no es posible cambiar la constitución de Colombia pacíficamente sin un acuerdo previo o un diálogo nacional. Asimismo, cambiar el orden político y económico a la brava haría que cualquier cambio fuera insostenible en el tiempo.

También es cierto que ninguna reivindicación social en la historia de la humanidad se ha conseguido a las buenas. No obstante, para comenzar a construir un nuevo país, las élites deben ceder, pero las reformas también deben tener límites. Los ciudadanos deben ser mejores ciudadanos, los tecnócratas deben ser expertos resolviendo problemas y los políticos ante todo deben ser unos verdaderos demócratas.

DOCUMENTO DE REFERENCIA Y/O CONSULTA

PEARCE, JENNY & MONTOYA, VELASCO, JUAN DAVID. “¿Quién manda en Colombia? Élites, poder y nación”. Mediapluma editorial, Colombia, abril de 2026.