Jorge Garcés B.
La caravana de alias Calarcá, jefe de una facción del Estado Mayor Central (EMC) fue detenida hace unos días por un retén militar en la carretera que conduce de Medellín a Anorí, con la sorpresa de llevar consigo a varios sujetos que tenían orden de captura vigente. También iba un menor de edad en una clara y flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y al que se le están restableciendo sus derechos.
Por si fuera poco, llevaban más de 180 millones de pesos en efectivo, armas, oro, chalecos antibalas y teléfonos satelitales. El resultado de la operación fue el siguiente: dos hombres y una mujer dejados en libertad, pero a quienes se les abrió un proceso y se les formuló cargos por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones e igualmente se legalizó la captura de otros cuatro individuos que tenían antecedentes y anotaciones por varios delitos. Entre ellos se encuentran alias Boyaco y un cabecilla de las disidencias, conocido como alias Firu.
De tal manera que, mientras a las víctimas del EMC nadie las protege, estos señores andan en caravanas protegidos por esquemas de seguridad del Estado. Esto es una afrenta para la Paz Total y refleja el desorden de todo lo que rodea a la mesa de diálogo entre el gobierno y esta organización criminal.
El Estado colombiano pasó de estar al servicio del capital, a estar al servicio de los grupos criminales y la Unidad Nacional de Protección (UNP) nuevamente ha quedado en entredicho. Mientras tanto, nadie sabe qué es lo que se está negociando con el EMC ni cuál es el objetivo final de esa negociación. Lo cierto es que los hombres de Calarcá se están aprovechando de la desorganización de la Paz Total y los hombres de Mordisco están haciendo lo mismo, pero aprovechándose del desgobierno en el sur del país.
Bajo este orden de ideas, las elecciones de 2026 serán un plebiscito por el Estado Social de Derecho y la democracia, porque los expertos en seguridad advierten que estamos ad-portas de una guerra interna entre los señores Calarcá y Mordisco, con consecuencias devastadoras para la población civil y el orden público en todo el territorio nacional.
Los expertos en seguridad agregan que alrededor del 80 % del departamento de Arauca se encuentra bajo el control del ELN. Los hombres de alias Iván Mordisco tienen azotado al norte del Cauca y al sur del Valle del Cauca; para no hablar del río San Juan, el litoral Pacífico, el Chocó, Nariño, el Bajo Cauca antioqueño, Santander, Norte de Santander y el Catatumbo.
Digo lo anterior, porque estoy viendo con suma preocupación a las Fuerzas Armadas debilitándose y a los grupos armados ilegales fortaleciéndose. Entre otras cosas, nadie entiende por qué se le dio carácter político o de beligerancia a las disidencias de las Farc (EMC).
Más aún, después de escuchar al presidente Petro decir el pasado 20 de julio, que la violencia ideológica o política en Colombia era un asunto del pasado, aunque algunos frentes del ELN sigan siendo la excepción.
El punto es que estamos ante la continuidad de una guerra lejos de Bogotá. Colombia sigue siendo un país extraño para la capital. La realidad económica en los territorios es casi toda ilegal o informal, porque es la única manera de subsistir y la Paz Total terminó sintetizando la ambición de un hombre que no sabía lo difícil que era gobernar un país.
LANZA LLAMAS:
Las elecciones presidenciales del próximo domingo en Venezuela tienen en vilo a toda la región. A la izquierda democrática no le conviene que la dictadura de Maduro continúe en el poder. Por otro lado, Colombia sería el país más beneficiado con el cambio de régimen, porque tendríamos todo para ayudar en la reconstrucción y la diversificación económica del país hermano.
De ser así, podríamos llegar a exportar hasta 10 mil millones de dólares al año, aunque hoy la capacidad importadora de ellos no sea como la del 2008. De todas maneras, la reactivación del comercio, el transporte de mercancías, de bienes y el de personas a través de las aerolíneas sería prácticamente inmediato. No obstante, las cosas con el presidente Petro han cambiado y no creo que Colombia esté hoy en condiciones de ayudar a Venezuela, por ejemplo, exportando gas y electricidad.
De cualquier forma, el acercamiento entre Bogotá y Caracas también dependerá de que Venezuela pague lo que le quedó debiendo a un sinnúmero de empresarios colombianos, cuando les congelaron las operaciones y les expropiaron las empresas. El régimen de Maduro tiene miedo, los que no pueden tener miedo son los venezolanos y su derecho a ser libres.
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