Jorge Garcés B.
La presunta financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia, la entrada de dineros que supuestamente no fueron registrados en la contabilidad y la posible violación de los topes, traerá consigo implicaciones políticas muy serias para el país.
No obstante, Nicolás Petro aclaró en la entrevista que le concedió a la Revista Semana que, su padre y Ricardo Roa, gerente de la campaña y el hoy presidente de Ecopetrol, no tenían conocimiento sobre los aportes de Samuel Santander Lopesierra (el Hombre Marlboro) y de Alfonso El Turco Hilsaca.
Esto no absuelve al presidente Petro, porque no son las únicas platas en cuestión. Por ejemplo, están unos supuestos dineros de Alex Char, omitidos sospechosamente por parte del fiscal Mario Burgos y está el clan Torres del Atlántico, entre otros presuntos aportantes a la campaña presidencial del entonces candidato Petro. Mejor dicho, la entrevista de Semana es más reveladora por lo que no dice, que por lo que dice; casi que demostrando una vez más que, para los cargos de elección popular, se necesita tanto de Dios como del diablo para ganar.
En pocas palabras, se le enredó la pita al presidente Petro y esto tendrá un efecto demoledor para el Pacto Histórico y la Colombia Humana en las próximas elecciones de octubre. Cómo serán de graves los señalamientos, que el primer mandatario desechó desde un inicio la presunción de inocencia de su hijo.
Y la posibilidad de que el gobierno pudiera crear una nueva coalición en el Congreso también desapareció del mapa. En cambio, Germán Vargas Lleras y sus nuevas mayorías seguramente aprovecharán este incidente, no sólo para bloquear las reformas sociales del gobierno, sino para impulsar su propia agenda legislativa. Simultáneamente, otros ya vienen parafraseando el Artículo 109 de la Constitución, inciso séptimo, donde se advierte que: la eventual violación de los topes máximos de la financiación de una campaña deberá ser sancionada con la pérdida de la investidura o del cargo. Es decir, están pidiéndole la renuncia al jefe de Estado.
Por si fuera poco, Armando Benedetti tenía cita hace unos días en la Fiscalía, pero se rumora que salió del país. Todo parece indicar que entre él y el presidente Petro hay un pacto de silencio y que Benedetti es la llave para conocer la verdad sobre la financiación de esta campaña y de campañas anteriores que recibieron dineros de Odebrecht.
De cualquier forma, seguir condenando mediáticamente al presidente Petro sin tener las pruebas en la mano sólo debilita institucionalmente al país. Porque si para algunos hay una revolución en marcha, para otros hay un juicio político en pleno desarrollo. Una estrategia por parte de los poderes fácticos del Establecimiento que pretenden desestabilizar o debilitar al gobierno del presidente Petro, no necesariamente para tumbarlo, sino para que no pueda gobernar.
En consecuencia, Estados Unidos será un actor clave para tener en cuenta durante los próximos años, mientras se define la situación jurídica de Nicolás Petro y el de las 26 personas mencionadas en el organigrama del fiscal Burgos. Los seis meses de tregua con el ELN también serán vitales, pero al paso que vamos no tendremos un gobierno lo suficientemente fuerte para negociar con una guerrilla tan dogmática y poderosa.
Para concluir: Colombia necesita de manera urgente optar por la financiación estatal de las campañas y despolitizar a la justicia para que actúe en derecho. Lo cierto es que se truncó el cambio, ojalá no perdamos a la democracia en el camino.
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