POPURRÍ

Jorge Garcés B.

El mismo día que la reserva activa de militares y policías casi llenan la Plaza de Bolívar en Bogotá, el presidente Petro anunció un aumento en el salario de los uniformados; y si bien es cierto era una plausible promesa de campaña, el momento fue inoportuno, porque quedó como si estuviera comprando lealtades.

A propósito, no recuerdo una aglomeración de veteranos tan numerosa y descontenta. Se calcula que habían alrededor de 10 mil héroes protestando, no por mesadas, sino por el malestar que sienten las Fuerzas Armadas al interior de sus huestes. Todo parece indicar que los militares no son ajenos a la fractura que sufrió el Establecimiento, desde el acuerdo de paz con las Farc y la pelea de los expresidentes Santos y Uribe.

Porque ciertamente no hay una política de seguridad clara. Todo lo contrario, es confusa y ambigua. Además, en los últimos veinte años la doctrina de las Fuerzas Armadas ha cambiado, porque el conflicto también ha cambiado. De cualquier manera, el presidente Petro fue notificado sobre la posibilidad de una ruptura institucional. Asunto que se sumó a las infortunadas declaraciones del coronel (r) John Marulanda en La W Radio, que Acore rechazó y ante la cual la Fiscalía abrió una investigación.

Con mayor razón, hoy más que nunca, la oposición y la derecha en Colombia deben plantear propuestas y no golpes de Estado. Hay que devolverle la altura y las ideas que el debate necesita. A Gustavo Petro se le puede derrotar políticamente en las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores en octubre; entre otras cosas, porque el país no va bien y esos comicios serán una especie de plebiscito para las presidenciales.

Por cierto, el primer mandatario supo leer al país en campaña, pero ahora se le nota perdido. Otra vez 28 uniformados fueron secuestrados por la comunidad en el Patía, Cauca, confirmando que se naturalizó esta práctica por parte de los cocaleros para evitar la erradicación forzosa de sus cultivos o el desmantelamiento de los laboratorios. Para algunos esto demuestra que Colombia tiene un ejército civilista y para otros desmoralizado.

De cualquier manera, esto señala que la guerra contra las drogas se perdió, pero no en abstracto o en la retórica de un puñado de expresidentes, sino porque el narcotráfico en Colombia ya no necesita de ejércitos, armas, ni minas para proteger los cultivos y los laboratorios de coca; simplemente requiere de comunidades inermes pero empoderadas y que subsistan de esta economía ilícita.

Por otra parte, es bien sabido que cada vez que fracasa una negociación viene una etapa de violencia. De manera que, hay que apostarle a los diálogos con el ELN. Es más, el posconflicto suele ser más violento que el conflicto mismo. Pero si me preguntaran, las disidencias de Iván Márquez e Iván Mordisco, ya perdieron la oportunidad de negociar la paz y sólo les queda el sometimiento.

Sin embargo, no hay claridad sobre cuáles son las organizaciones criminales que para el gobierno tienen un carácter político y cuáles no. Para colmo de males, nadie sabe qué significa la Paz Total, ni siquiera al presidente Petro le gusta tantas expectativas en dos palabras. En mi opinión, el único grupo ilegal con carácter político es el ELN, pero qué hacemos con las tres docenas de organizaciones criminales que se disputan las economías ilícitas y los territorios a lo largo y ancho del país.

Por eso será difícil consolidar un cese al fuego con el ELN, porque esta insurgencia libra una disputa territorial con otras organizaciones ilegales y sus frentes funcionan como federaciones al frente de cuantiosas rentas ilícitas. De tal manera que no hay que ser un genio para entender por qué la mesa de diálogo se la pasa de crisis en crisis.

Por otro lado, Salvatore Mancuso lleva 17 años diciendo lo mismo. Su testimonio es consistente y valioso por la gravedad de las cosas que dice, pero carece de sustento jurídico y las implicaciones judiciales siguen siendo remotas. No soy abogado, pero en derecho no es lo que uno sepa, sino lo que uno pueda probar.

Para concluir este popurrí de acontecimientos, como Petro ya no pelea con Uribe y la confrontación con el fiscal estaba desinstitucionalizando al país, el nuevo enemigo interno es la prensa. El burgomaestre la acusa de supuestos vínculos con el paramilitarismo y la tacha de enemiga de las reformas, del progresismo, del cambio y de editorializar en los titulares.

Y en algo tiene razón, los medios de comunicación enfrentan una disyuntiva histórica: la libertad de empresa vs la libertad de informar oportuna y verazmente para cumplir con su labor social. Sin embargo, de no ser por los medios, investigaciones como la de Odebrecht nunca se hubieran destapado.

Pero pasa por alto varias cosas el presidente Petro: él es la primera autoridad de un régimen presidencialista, concentrando un inmenso poder. Hay una tendencia mediática en el mundo, donde los medios toman abiertamente partido. Internet está democratizando la información y las redes sociales son hoy el puente entre el ejecutivo y la sociedad civil, entre el todo y la nada. Y, por último, los medios tradicionales están completamente desprestigiados y en crisis. Así que, tanto al primer mandatario como a mis colegas periodistas, un poquito de autocrítica no nos vendría nada mal.