Jorge Garcés B.
Dentro de muy poco sabremos si Salvatore Mancuso llegó a Colombia para ser gestor de paz o un instrumento político del presidente Petro. Lo cierto es que el caso del otrora jefe paramilitar será un reto judicial para la justicia ordinaria, para Justicia y Paz y para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Dicen que se trata del proceso penal más complejo del país, porque Mancuso está acusado y condenado por decenas de miles de delitos. Sin embargo, no deja de ser curioso que la JEP lo haya aceptado de manera excepcional para adelantar investigaciones adicionales a las ya realizadas por Justicia y Paz.
De cualquier modo, su libertad únicamente depende de Justicia y Paz y son ellos quienes definan las condiciones de su libertad o si debe pagar alguna pena adicional. Cabe aclarar que ser gestor de paz es una condición bastante particular que otorga el Gobierno Nacional, que reviste de un tratamiento diferencial y que tiene unos efectos jurídicos de los cuales todavía no conocemos su verdadero alcance.
La figura del gestor de paz es novedosa y lleva consigo un mecanismo que suspende cualquier requerimiento judicial. No obstante, es un beneficio que dependerá inicialmente de Justicia y Paz y ante la cual futuras apelaciones deberán ir a la Corte Suprema de Justicia.
Algunos advierten que para que Mancuso pueda ser gestor de paz falta mucho tiempo. Sin embargo, el presidente Petro lo necesita para que lo ayude a desmovilizar al Clan del Golfo y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. El problema es que hace menos de una semana entre ambos grupos ilegales comenzó un enfrentamiento que ya deja más de 300 indígenas desplazados. Además, el Clan del Golfo manifestó públicamente que Mancuso no los representa.
Otro problema a la vista es que no existe una ley de sometimiento o un marco jurídico actualmente en el Congreso de la República. Entonces, al gobierno del presidente Petro sólo le quedarían dos opciones, ampliar Justicia y Paz o llevar a cabo un sometimiento individual para poder prescindir del parlamento y seguir gobernando por decreto.
Salvatore Mancuso es el exjefe paramilitar que más ha contribuido con la verdad. Le falta ayudar a destapar lo concerniente a la “para-economía”; su relación, por ejemplo, con la famosa lista de alias “Monoleche” y los 50 testaferros que se quedaron con tierras manchadas de sangre en Córdoba, Valle del Cauca y Antioquia; los hornos crematorios en Norte de Santander y en especial, las tierras despojadas en los Montes de María.
Indudablemente que Colombia algún día necesitará de un tribunal de cierre, un cierre judicial o una ley de punto final. El problema es que no hemos resuelto la “cuestión agraria”, el mundo no parece interesado en resolver el problema de las drogas y tampoco hemos cerrado la “fábrica de víctimas”.
Por si fuera poco, cualquier tribunal de cierre o ley de punto final no podrá ignorar la competencia que tiene la Corte Penal Internacional (CPI), en caso de que a la justicia doméstica le dé por hacerse la loca o pretenda lavarse las manos ante los hechos de barbarie cometidos a partir del 1 de julio de 2002, que es cuando entra en vigor el Estatuto de Roma.
Mientras tanto, creería que Salvatore Mancuso todavía tiene cosas que contarle a los colombianos, ya sea por convicción o venganza. Lamentablemente considero que su eventual aporte o testimonio será utilizado políticamente, ensombreciendo el propósito mayor: alcanzar la paz y que la justicia sea la verdad y nada más que la verdad. Tan sólo un interrogante final: ¿qué vamos a hacer con una cultura paramilitar tan arraigada como la que tenemos en el país?
LANZA LLAMAS:
Lo que está ocurriendo en Jamundí, donde en menos de un año han asesinado a más de 50 nacionales, retenido a 360 ciudadanos y secuestrado a 71 personas, también está pasando en alrededor de 400 municipios del país. El problema no se ha dimensionado lo suficiente y de seguir así, en menos de dos años estaremos peor que a finales de los años noventa.
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