Jorge Garcés B
El exembajador en Caracas Armando Benedetti sostiene en los audios publicados por la revista Semana, haber conseguido 15 mil millones de pesos para la campaña presidencial de Gustavo Petro en la Costa. Estamos hablando de dinero no propiamente proveniente de querubines y que luego fue supuestamente trasladado al Pacífico colombiano.
En las grabaciones se puede escuchar a un Benedetti fuera de sus cabales y que se siente maltratado por el presidente Petro, a pesar de ser supuestamente el hombre clave detrás del triunfo de la izquierda en Colombia. Por lo pronto el exdiplomático no pudo ser el poder detrás del poder y el escándalo ha dejado un manto de duda sobre la financiación de la campaña del entonces candidato Petro.
De cualquier forma, de ser cierto lo que dice Benedetti, ¡entonces se robaron las elecciones! Y del manejo de esta situación, dependerán los próximos tres años del país. Porque de una crisis política o de gobierno, podemos pasar a una crisis de Estado.
Por si fuera poco, la imagen del presidente está fuertemente golpeada y es evidente que ha perdido margen de maniobra. Así que, ojalá el primer mandatario pueda volver a organizar sus mayorías en el congreso y comience a dedicarse más a la ejecución pública y menos a la retórica. Entre otras cosas, porque el jefe de Estado ya tiene los recursos de la reforma tributaria más ambiciosa de la historia reciente y el Plan Nacional de Desarrollo o la hoja de ruta hasta el año 2026.
De lo contrario, estaría dejando pasar la oportunidad de ser el gran reformista de esta nación. El burgomaestre debe entender que sus reformas, especialmente las reformas sociales, no tienen ningún futuro sin previamente pactar un gran acuerdo nacional.
De igual forma, no deja de ser contradictorio que el presidente disuelva la coalición de gobierno y luego pretenda que sus anteriores mayorías se comporten como un notario. Por lo tanto, el presidente Petro debe decidir si opta por un pacto democrático u opta por el levantamiento y la movilización popular.
Algunos consideran que ya perdimos esa oportunidad y que basta de ingenuidades, porque el Gustavo Petro de hoy es más radical que el joven revolucionario de los años ochenta y noventa. Mientras tanto, el primer mandatario denuncia un golpe de Estado blando y sus contradictores advierten de una autocracia en marcha.
De cualquier forma, el gobierno está buscando maximizar la movilización popular y minimizar el descontento, ante el inevitable pulso en las calles que se avecina. Seguramente esto se recrudecerá después de las elecciones de octubre, donde veremos al presidente Petro hacer lo que mejor sabe hacer: llenar las plazas de Colombia.
El primer mandatario pretende utilizar la movilización popular como herramienta de presión o de gobierno. Sin embargo, no deja de contrastar la heterogeneidad del Estallido Social con la homogeneidad de la pasada marcha de Gustavo Petro como jefe de Estado. Sin olvidar que una cosa es marchar contra el poder y otra muy distinta desde el poder.
Así mismo, no me queda claro si las asambleas populares a las que se refiere el presidente Petro y que sus ministros deben obedecer o abandonar sus cargos, van a reemplazar al Congreso de la República o a la Constitución de 1991. No obstante, me niego a creer que la democracia colombiana está en peligro, pero en caso de estar equivocado, con el 25 % de aprobación, según las mismas encuestas contratadas por el gobierno y un número importante de jóvenes descontentos, le será muy difícil gobernar los próximos tres años o mucho menos perpetuarse.
Es más, la diferencia entre el Proceso 8.000 y un eventual Proceso 15.000, es que Samper no representaba una amenaza para el Establecimiento. Encima de todo, el expresidente contó con un escudero de la talla de Horacio Serpa que lo defendió a capa y espada. Cabe añadir que el presidente ha cometido el error de rodearse de personas ideológicamente afines, pero sin experiencia o capacidad administrativa en gestión pública para llevar a cabo las transformaciones estructurales que él mismo se ha propuesto.
Por otro lado, la historia de la violencia en Colombia ya no es del todo ideológica ni se debe estrictamente a las contradicciones sociales. Todo parece indicar que la codicia y la acumulación de rentas ilegales es lo que más está acabando con la vida de los jóvenes hoy en día.
Por ejemplo, de los 17 frentes del ELN, seis están ligados de lleno a las economías ilegales. Es decir que, en un eventual acuerdo de paz con esa guerrilla, alrededor del 35 % de sus hombres no se desmovilizarían. Sin embargo, el cese al fuego recién pactado con esa insurgencia le dará un respiro internamente al presidente Petro y despertará un interés global distinto sobre su gobierno.
A pesar de ello, sigo sin entender por qué el jefe de Estado es tan reflexivo por fuera del país y tan radical dentro. De tal manera que coincido con la observación del exministro Alejandro Gaviria: el presidente Petro suele descalificar éticamente a sus contradictores. Es como si sufriera de cierta supremacía moral en el debate.
Porque el burgomaestre pasó del enemigo interno para cuestionar el existencialismo burocrático, al golpe de Estado blando para explicar su incapacidad de unir al país y contrarrestar el preocupante activismo político del fiscal Barbosa. De todos modos, el presidente Petro sabe cómo se construye una nación democrática y justa en la teoría, aunque se contradiga en la praxis política.
De cualquier manera, la verificación será clave durante la tregua con el ELN y la posibilidad de un eventual acuerdo de paz será lo único que obligue a que el presidente Petro no se radicalice del todo. Porque él sabe que para cerrar el capítulo de la violencia política en Colombia se necesitará de un gran acuerdo nacional. Dicen que la esperanza es irracional y que la paz es el estado más poderoso de todos.
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