Jorge Garcés B.
Bloquear las vías para reclamar o manifestar molestias está dejando de ser una costumbre para convertirse en una cultura muy peligrosa para la estabilidad política y económica del país. Es cierto que la mayoría de los bloqueos se deben a acuerdos incumplidos y a la falta de ejecución de los compromisos por parte de los gobernantes. De tal manera, que estamos en mora de atacar las causas de los bloqueos para evitarlos, pero las causas no siempre son las mismas. Por ejemplo, unos bloquean por reivindicaciones sociales y razones políticas justas, pero otros lo hacen por razones de estrategia militar.
Menciono lo anterior, porque defiendo a muerte a las minorías étnicas, pero hace rato vengo sintiendo que la autoridad de los indígenas por fuera de los resguardos ya llegó a su límite. En ese sentido, las guardias indígenas y campesinas que retengan a miembros de las Fuerzas Armadas deberían ser judicializadas por el delito de secuestro simple. Es cierto que ambas guardias son víctimas del conflicto, pero también son parte del frente cultural; un arma histórica utilizada por los grupos armados ilegales para librar una codiciosa guerra irregular.
En otras palabras, allí están los alzados en armas para definir en cualquier momento el futuro de Colombia o los destinos del país. Un nuevo estallido social está a la vuelta de la esquina y Gustavo Petro lo sabe. Se están acumulando los problemas (policrisis), pero este gobierno está más interesado en acumular poderes y rentas, que en cualquier otra cosa; para poder ganar las próximas elecciones presidenciales. Me imagino al primer mandatario decir: “después de mí, el diluvio (Luís XV) y si no ganamos, que el estallido social sea problema del próximo gobierno”.
No obstante, a los indígenas hay que explicarles que el Estado colombiano es uno y a los colombianos hay que advertirles que las Farc ya no es una si no tres. En ese orden de ideas, cualquier derecho colectivo, ya sea un resguardo indígena o una universidad pública, debería ejercerse dentro de los límites constitucionales y legales de la Carta Magna que rige a toda la nación. Por eso, la autonomía universitaria y la autoridad indígena es parcial e ilusoria, porque ambos dependen económicamente del Estado colombiano para funcionar.
Cambiando de tercio, las izquierdas tendrían que volverse a unir para ganar las elecciones presidenciales del 2026, como acaba de ocurrir en Francia, donde las izquierdas se unieron en un Frente Popular para derrotar a la extrema derecha de Marine Le Pen. El problema es que Gustavo Petro no sabe unir cuando la unión no es entorno a él. Hace poco admitió en la Segunda Asamblea Nacional de la Colombia Humana, que él no era un hombre de partido y que siempre había preferido ser libre.
El hecho es que Gustavo Petro no sabe gobernar y se victimiza fácilmente ante la crítica o el control político. De pronto, hay que recordarle al jefe de Estado, que el castellano es una lengua muy rica. Una palabra puede significar distintas cosas y muchas palabras pueden significar lo mismo. Por eso, quienes exclaman “fuera Petro” no necesariamente lo quieren tumbar.
Al mismo tiempo, no todos los que desaprueban la gestión del gobierno del presidente Petro son ricos o descendientes de esclavistas, blancos y asesinos. Todo lo contrario, sus mayores detractores están en la clase media, son mestizos y “no matan una mosca”. Por otro lado, el “gobierno del cambio” no tiene que cambiarlo todo. Gustavo Petro podría perfectamente cambiar lo que no funciona y dejar quieto lo que funciona; porque vaya forma de cambiar la historia de Colombia, gobernando para unos y castigando a todos los demás.
Ojalá que alguien le recordara al primer mandatario que, ni todos los ricos son malos, ni todos los pobres son buenos. Además, el maniqueísmo político sólo deja estragos. Por otro lado, hace tiempo vengo percibiendo una especie de reduccionismo histórico en el país; porque de un tiempo para acá pareciera que la historia de esta nación hubiera comenzado en el año 2002, con la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.
De lo que no se han dado cuenta los reduccionistas históricos es que la izquierda se está transformando en su contrario. Es decir, que cada día los petristas y los uribistas se parecen más. Gustavo Petro quiere desarrollar en Colombia un orden que sea justo y la derecha quiere una libertad que sea real o verdadera y eso incluye defender la libertad económica y la propiedad privada hasta con la vida si fuese necesario.
Ahora bien, el maestro Echandía se preguntaba, ¿el poder para qué? El presidente Petro considera que el poder es para el pueblo, para construir una sociedad más justa y que la calle es precisamente el lugar predilecto para defender los derechos populares y para luchar por las reivindicaciones sociales. Dicho de otro modo, el presidente Petro no necesitaría de tres whiskeys para justificar el bloqueo de una vía o para darle el visto bueno a un eventual estallido social en Colombia.
Por eso mismo, al país le conviene que alguien del centro llegue en el 2026 para apaciguar las aguas, que no es lo mismo que implantar el statu quo. Entre otras cosas, la clave para las democracias de hoy es que la clase media no sea simplemente una clase trabajadora, sino ilustrada, pero donde el mérito no afecte al bien común o donde el exceso democrático no afecte a la democracia liberal (“La tiranía del mérito”).
Lo cierto es que hoy la izquierda unida es mayoría y por ende el Pacto Histórico es el partido mayoritario del país. Entonces, Colombia tiene un gobierno de izquierda, pero un Estado de derecha y abordar esta realidad política se ha convertido en un problema. El segundo problema que tenemos es que Gustavo Petro considera que antes de que él llegara a la presidencia de la República en Colombia no había democracia. Mejor dicho, que hace dos años éramos una tribu primitiva de cazadores, recolectores y sedentarios, que andábamos en grupos de 50 a 100 individuos sin la designación natural de un jefe lo suficientemente longevo.
LANZA LLAMAS:
El silencio del presidente Gustavo Petro ante la barbarie del fraude electoral y la represión de la dictadura de Venezuela se llama complicidad. La ética de un gobernante debe estar por encima del Interés Nacional.
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Hola, excelente columna, bien pensada y articulada. Me encanta la parte en que dices que no todos los detractores de Petro son ricos, así como las críticas a los demanes de los indígenas que bloquean vías. Justamente, reconoces que lo hacen en respuesta a los inclumplimientos del gobierno, pero también, para manifestar su contrariedad ante cualuier otro hecho que los moleste.